Por Eduardo Campos Lima
Casi ocho meses después de que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, suspendiera temporalmente algunos derechos constitucionales para combatir el crimen, más de 57,000 personas han sido detenidas.
Bukele dice que tiene como objetivo a pandillas como la Mara Salvatrucha, o MS-13, que controlan vastos territorios en El Salvador. Pero los grupos cívicos afirman que el ejército está arrestando a personas inocentes, y el reciente arresto de ocho niños en un área tradicionalmente católica ilustra la situación.
La región del Bajo Lempa fue colonizada en la década de 1990 por refugiados de la guerra civil de El Salvador. Con el apoyo del padre Pedro Declercq, formaron comunidades eclesiales de base, conocidas por las siglas en español CEB, que utilizaron el estudio de la Biblia y la oración para abordar problemas sociales o económicos. Las comunidades siguen activas hoy.
José Salvador, un líder local de una CEB, dijo que 109 residentes locales, la mayoría hombres jóvenes, han sido arrestados injustamente en los últimos meses. Ha llevado sus casos a las autoridades, pero aún no se ha hecho nada. Dijo que los niños y adolescentes han sido hostigados continuamente por policías y soldados desde marzo.
“Si un niño está parado en la calle, lo ven como pandillero. La semana pasada, los soldados entraron a una cancha de fútbol e inspeccionaron a todos los niños, incluido un niño de 12 años”, dijo a Catholic News Service a mediados de noviembre.
El 5 de noviembre, miembros del ejército sacaron de sus casas a ocho niños de entre 14 y 17 años durante la noche y los mantuvieron dentro de una casa vacía durante horas. Según sus familiares, fueron sometidos a tortura psicológica y física antes de ser liberados el 6 de noviembre alrededor de las 11 a. m. Los familiares dicen que siguen traumatizados.
La abuela de uno de los adolescentes describió su trato en un mensaje de audio enviado a CNS por el padre Fredis Sandoval: “Los amenazaron, les tiraron cáscaras de plátano para comer y los llamaron perros. Les dijeron que nunca volverían a ver la luz del día”.
El padre Sandoval, integrante de la Concertación Monseñor Romero, una alianza de organizaciones de derechos humanos, dijo que una semana antes los jóvenes habían presentado una obra de teatro sobre la historia de El Salvador, con una mirada crítica a hechos como la colonización de Centroamérica y el papel de militares durante la guerra civil.
“La pieza también mostró el asesinato de san Óscar Romero y la creación de las CEB en el Bajo Lempa por parte del padre Declercq”, dijo el sacerdote.
Salvador dijo que los jóvenes actores vestían uniformes militares para la obra de teatro y portaban armas falsas. Los soldados les tomaron fotos durante los ensayos y se dieron cuenta que era una obra artística.
“Sabían que estaban siendo criticados en la obra, apareciendo como los malos. Y se enojaron por eso”, dijo.
La obra era una actividad escolar y fue creada por los niños y sus maestros. “Ahora temen que haya represión contra la enseñanza de la historia”, agregó Salvador.
“Los derechos de los niños, niñas y adolescentes están siendo vulnerados continuamente por el estado de excepción”, dijo en referencia a la suspensión de derechos. “Los jóvenes son los acusados ??de ser pandilleros sin pruebas”.
Henri Fino, director ejecutivo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, conocida como FESPAD, dijo a CNS que la detención de los ocho jóvenes desató la polémica en El Salvador y “evidenció que el estado de excepción es un instrumento de represión”.
“Ese caso es probablemente uno entre muchos. Las madres y hermanas de esos niños tuvieron el valor de denunciar lo que estaba pasando. Pero mucha gente tiene miedo de que sus familiares puedan sufrir las consecuencias de una denuncia y prefieren tratar las cosas en privado”, dijo.
Fino dijo que FESPAD y otros grupos “siempre han argumentado que el estado de excepción no es efectivo para combatir el crimen” y que el fallo “estigmatiza a las personas según la edad, el lugar de residencia y la apariencia personal”.
“La retórica del gobierno siempre ha sido falsa. Pero Bukele no está dispuesto a cambiar nada porque se siente respaldado por su alto índice de aprobación”, agregó.
Mientras FESPAD, las comunidades de base del Bajo Lempa y otros grupos siguen denunciando las violaciones ante organismos internacionales, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la jerarquía católica no ha tomado una acción firme contra el estado de excepción, dijo el padre Sandoval.
“Es doloroso decirlo, pero la iglesia no ha dicho nada sobre la detención de esos muchachos. La jerarquía no está haciendo un esfuerzo para acompañar los casos y dialogar sobre ellos”, dijo.
El 6 de noviembre, antes de la liberación de los niños, varias organizaciones católicas, incluida la Concertación Monseñor Romero, firmaron una declaración denunciando las detenciones ilegales y pidiendo a las autoridades que tomaran medidas contra ellas.
