Por Kate Scanlon
WASHINGTON — Algunos gobernadores católicos están adoptando el uso de la pena capital como parte de sus plataformas políticas a pesar de la oposición de la Iglesia Católica a esta práctica. Otro gobernador católico de un estado del sur ha pedido recientemente el fin de esta práctica.
Sin embargo, a pesar del apoyo a la práctica por parte de algunos gobernadores republicanos, un número cada vez mayor de legisladores estatales republicanos respaldan los esfuerzos para derogar la pena de muerte, lo que marca un cambio notable en la opinión de los conservadores sobre este asunto.
El 20 de abril, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó la ley SB 450, que eliminará el requisito estatal de que los jurados en los casos de pena capital acuerden por unanimidad recomendar la pena de muerte, reduciendo el número de jurados necesarios para dictar una sentencia de muerte de 12 a ocho, el umbral más bajo de cualquier estado de Estados Unidos. Los obispos católicos de Florida criticaron la legislación, que constituye una excepción entre los estados en los que la pena de muerte sigue siendo legal. De los 27 estados que permiten la pena capital, tres no exigen la unanimidad del jurado para imponerla. Alabama permite una decisión 10-2, mientras que Missouri e Indiana permiten que un juez decida cuando hay un jurado dividido, según el Centro Nacional de Cortes Estatales.
DeSantis, que es visto como un probable contendiente para las primarias presidenciales republicanas de 2024, pero no ha declarado su candidatura, es católico.
Texas tiene una larga historia de pena capital, habiendo llevado a cabo más ejecuciones que cualquier otro estado de EE.UU. hasta la fecha, ejecutando a 583 personas desde 1982, según la Coalición de Texas para Abolir la Pena de Muerte. Un informe de 1998 del Departamento de Justicia concluyó que Texas “ejecuta a más personas que cualquier otra jurisdicción del mundo occidental”.
El gobernador republicano Greg Abbott, que es católico, ha llamado a la pena capital “la justicia de Texas”. Abbott supervisó cinco ejecuciones en 2022, empatando a su estado con Oklahoma en el mayor número de ejecuciones del país el año pasado.
El exgobernador de Nebraska Pete Ricketts, republicano y católico que ahora es senador de Estados Unidos, ayudó a financiar un referéndum en 2016 para preservar la pena de muerte después de que la Legislatura unicameral republicana de su estado votara a favor de derogarla el año anterior.
Mientras tanto, el gobernador de Luisiana, el demócrata John Bel Edwards, que es católico, pidió el fin de la pena de muerte en Luisiana durante su último discurso sobre el Estado del Estado el 10 de abril, argumentando que hacerlo reflejaría la identidad de Luisiana como un “estado pro-vida”.
A pesar de los esfuerzos de algunos gobernadores republicanos en defensa de esta práctica, Demetrius Minor, director nacional de Conservadores Preocupados por la Pena de Muerte, afirmó que el apoyo a la pena de muerte no es conservador.
“Es natural tener una respuesta emocional a las tragedias que ocurren. Pero la política no puede basarse en la emoción”, dijo Minor a OSV News. “Estos son los hechos sobre la pena de muerte: Es un programa gubernamental derrochador y caro. Tiene una probabilidad inaceptable de ejecutar a personas inocentes. Es una política fracasada para las familias de las víctimas. También es arbitraria e injustamente administrada por el gobierno”.
Minor dijo que Texas y Florida deberían seguir el ejemplo de “estados republicanos como Ohio, donde hay legislación en la Asamblea General de Ohio, con el Partido Republicano (GOP) controlando tanto la Cámara de Representantes como la de Senadores, para derogar la pena de muerte”.
En los dos años anteriores, 11 estados tenían proyectos de ley patrocinados por el Partido Republicano para poner fin a la pena de muerte, dijo Minor.
“Los republicanos también están ayudando a liderar las campañas de derogación de la pena de muerte en Kentucky, Kansas y Misuri”, añadió.
Minor argumentó que “se está produciendo un cambio entre los votantes del Partido Republicano, en el que cada vez son más los que empiezan a oponerse o a mostrarse escépticos ante la pena de muerte, dada la incapacidad del gobierno para ser eficaz en la mayoría de los casos”.
“Este escepticismo sólo va a seguir creciendo”, dijo.
Varias décadas de encuestas realizadas por Gallup han demostrado que cada vez más estadounidenses se declaran a favor de la pena de muerte para una persona condenada por asesinato. Una encuesta realizada por Gallup el 14 de noviembre reveló que el apoyo a la pena de muerte se situaba en el 55% el año pasado, un descenso significativo con respecto a 1994, cuando la encuesta registró su máximo histórico del 80%.
Justin McCarthy, portavoz de Gallup, dijo a OSV News que “con unas pocas excepciones en los años 50 y 60, las mayorías de los estadounidenses han apoyado consistentemente el uso de la pena de muerte a lo largo de las mediciones de Gallup durante casi 90 años”.
“En las últimas décadas, las mayorías más pequeñas han apoyado la pena capital en comparación con el pico a finales de 1980 y principios de 1990 — pero, aun así, la mayoría de los estadounidenses la apoyan”, dijo McCarthy. “Hoy, el 55% está a favor de la pena de muerte en Estados Unidos”.
En su encíclica “Fratelli Tutti” de 2020, el Papa Francisco citó los escritos de San Juan Pablo II, argumentando que su predecesor “afirmó clara y firmemente que la pena de muerte es inadecuada desde el punto de vista moral y ya no es necesaria desde el de la justicia penal”.
“No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura”, escribió el Papa Francisco. “Hoy decimos con claridad que ‘la pena de muerte es inadmisible’ y la Iglesia se compromete con determinación para proponer que sea abolida en todo el mundo”.
En 2018, el Papa Francisco revisó el párrafo Nº 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica para reflejar esa posición.
Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de Catholic Mobilizing Network (Red de Movilización Católica), dijo a OSV News que “durante años, la pena capital fue considerada una cuestión partidista, pero con el tiempo, eso se ha vuelto menos cierto”.
“Hoy en día, gran parte de los progresos que se están haciendo para abolir la pena de muerte están encabezados por políticos republicanos”, dijo Vaillancourt Murphy. “Ahora más que nunca, republicanos y demócratas están colaborando en iniciativas bipartidistas de derogación, y a menudo tienen mucho más éxito trabajando juntos que trabajando por separado. Cada vez más, la pena de muerte se está convirtiendo en una rara área de terreno común en nuestro panorama político moderno, donde la gente se ve cara a cara, en lugar de encontrarse en desacuerdo”.
Vaillancourt Murphy dijo que la oposición a la pena de muerte es un punto de vista provida coherente, y no es sorprendente que más legisladores y votantes republicanos estén adoptando ese punto de vista, a pesar de las acciones de algunos gobernadores republicanos.
“No es difícil entender por qué”, dijo. “Los republicanos — especialmente los republicanos católicos — que profesan valores provida, conservadurismo fiscal y aversión a las extralimitaciones del gobierno tienen sobradas razones para oponerse a la pena de muerte. Del mismo modo, los demócratas que se centran en la equidad racial, la justicia, la lucha contra la desigualdad y la salud y la seguridad reconocen que la pena capital no promueve ninguno de estos objetivos”.
Señalando la enseñanza de la Iglesia de que la pena capital es inadmisible en todos los casos porque viola la santidad de la vida, Vaillancourt Murphy argumentó que “la evidencia es clara de que la pena capital es un programa gubernamental propenso a errores y costoso”. Acabar con la pena de muerte es una creciente área de acuerdo en un tiempo muy dividido”.
A pesar de la creciente oposición bipartidista a la práctica, Vaillancourt Murphy dijo que “cuando llega una temporada electoral, a veces empezamos a ver a políticos promover retórica y legislación a favor de la ejecución”.
“Recientemente, un puñado de líderes católicos republicanos se desviaron de la postura cada vez más contraria a la pena de muerte de su partido, y de la postura incondicionalmente provida de su Iglesia, con el fin de aumentar las ejecuciones en sus estados para obtener beneficios políticos”, dijo. “Estos líderes pueden creer que lo que están señalando es una imagen pública de ‘mano dura contra el crimen’, pero lo que en realidad están señalando es una voluntad de comprometer principios católicos profundamente arraigados y los llamados valores republicanos”.
“Al buscar las ejecuciones, y literalmente poner vidas humanas en juego, estos políticos están tratando a los condenados a muerte como peones de ajedrez. Nada más lejos de ser ‘pro-vida'”, dijo Vaillancourt Murphy. “Aunque la política de la pena capital puede cambiar de un ciclo electoral a otro, la enseñanza católica sobre el tema no lo hace. En su encíclica de 2020, el Papa Francisco escribió sobre la concreción de la postura de la Iglesia contra la pena de muerte, diciendo que “No es posible pensar en una marcha atrás con respecto a esta postura”.
Vaillancourt Murphy hizo un llamamiento a la oración “para que sus corazones se ablanden para abrazar la plenitud de la ética provida de la Iglesia, y debemos abogar en nombre de las vidas de las personas condenadas a muerte, que están en las manos de estos líderes”.
