Por Carol Zimmermann, Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — Con un empate de votos el 23 de junio, la Corte Suprema de los EEUU bloqueó un plan de la administración del president Obama que hubiera protegido temporalmente a más de 4 millones de inmigrantes de deportación.
El voto de 4-4 afirma la decisión de una corte de apelaciones que impidió los planes de decretos presidenciales que impiden deportación. En una opinion legal de una página, la Corte Suprema dijo: “El dictamen se reafirma por una corte igualmente dividida”.
Expertos de ley la han llamado una ambigua y confusa decisión política y jurídica, y una que deja a muchos en un estado de suspenso. La decisión también dirige la atención pública al puesto vacante en la Corte Suprema. La persona que llene ese lugar puede determinar el caso en el futuro si se vuelve a presentar en apelación.
Lideres religiosos no tardaron en denunciar la acción de la corte como una regresión para familias inmigrantes y enfatizaron la urgencia de una reforma comprensiva de inmigración.
El obispo Óscar Cantú, de Las Cruces, Nuevo México, se refirió al dictamen de la corte como una “una triste decisión ” y dijo que el plan de inmigración del presidente había sido “el resultado de años de laborioso trabajo y esfuerzos comprometidos de defensores de inmigrantes, de organizaciones comunitarias, de algunos legisladores y de la comunidad de fe”.
A la declaración del obispo Cantú se unió la del obispo Mark J. Seitz, de El Paso, Texas, y del Border Institute, una organización comunitaria establecida en la zona fronteriza que media entre los Estados Unidos y México.
La declaración dice que por medio de la decisión de la corte, se puede ver cómo la aplicación de las leyes actuales de inmigración en los Estados Unidos hace que “se criminalice a los inmigrantes y se les hace chivos expiatorios, ya que ellos luchan por una vida mejor para sus hijos y sus familia y que contribuyen todos los días a nuestra economía y comunidades”.
En una rueda de prensa, el presidente Barack Obama dijo que el actual sistema de inmigración del país está roto y que la falta de habilidad de la Corte Suprema, de no llegar a una decision, retrasa todavía más.
El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, de Wisconsin, aplaudió la decisión de la corte por haber aclarado que “el presidente no está autorizado para escribir las leyes. Solo el Congreso lo está”. La decisión, dijo, fue “una gran victoria en nuestra lucha para restaurar la separación de poderes”.
En el caso Estados Unidos vs. Texas se encuentran las determinaciones ejecutivas de Obama con respecto a la aplicación de leyes de inmigración que fueron puestas en reto por 26 estados.
La Conferencia Episcopal de Texas, que es el brazo de política pública de los obispos católicos del estado, dijo en una declaración que “respeto a la vida humana y la dignida exige que líderes pongan al pueblo delante de la política “. Y el cardenal Daniel N. DiNardo, de Galveston-Houston, añadió: “Nuestros legisladores continuamente se rehúsan a resolver determinaciones sobre inmigración de una manera total”.
“Estoy profundamente desilusionada por la decisión de la Corte Suprema … que ha puesto en riesgo de ruptura a millones de familias”, dijo la hermana dominica Bernardine Karge, de Chicago, en nombre del grupo llamado Faith in Public Life, de Washington.
“Las historias de familias de inmigrantes están íntimamente tejidas dentro del tapiz de este gran país, y con la decisión que se ha tomado hoy se amenaza el compromiso que tenemos como nación con la justicia y la compasión”, dijo, añadiendo que esperaba que los presuntos candidatos presidenciales y el congreso hagan la reforma migratoria una prioridad.
Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de Catholic Legal Immigration Network, Inc. o CLINIC (Red católica de inmigración legal), expresó así mismo desilusión con la decisión de la corte y dijo que la responsabilidad pesa, ahora más que nunca, sobre el congreso para que logre una reforma migratoria comprensiva.
Dijo que debido a la decisión de la corte “millones de residentes que han vivido mucho tiempo en los Estados Unidos tienen miedo de que se aplique la ley y estan en riesgo de que se les maltrate en el trabajo, o a manos de propietarios que les alquilan casas o de otra gente abusiva que los amenaza con deportación”.
El caso que se presentó ante la corte en abril, se refería a la expansión del programa del 2014 de Obama que en el 2012 había establecido lo que se conoce en inglés como Deferred Action for Childhood Arrivals, or DACA (Acción diferida de arribo de menores de edad), y la creación de Deferred Action for Parents of Americans and Lawful Permanent Residents (Acción diferida para padres de estadounidenses y residentes permanentes legales), conocida con la siglas DAPA en inglés.
Los programas se suspendieron en noviembre debido a una determinación de una corte federal de apelaciones del 5o circuito en Nueva Orleans. La corte apoyó una orden de contención determinada por un juez federal en Texas en contra de órdenes ejecutivas del presidente. El programa original de DACA no está afectado.
Los estados que presentaron la demanda en contra del gobierno federal dijeron que el presidente no solamente estaba determinando a poner suspensión temporal de las deportaciones sino que queria que a los inmigrantes que se encontraban en el país sin permiso legal, se les diera “una presencia legal” que los haría calificar para beneficios de seguro social y Medicare.
El fiscal general del departamento de justicia de los Estados Unidos, Donald B. Verrilli Jr., quien defendió al gobierno, dijo que la preocupación urgente se trataba de evitar separación de familias con menores de edad que fuesen ciudadanos de los EEUU, algo dicho por la Conferencia Episcopal Católica de los EEUU, junto con CLINIC, y por lo menos tres instituciones católicas de educación que se unieron en un documento con más de 75 organizaciones educativas y con defensores de menores.
Cuando se presentó el caso ante la Corte Suprema en abril, la magistrada Sonia Sotomayor enfatizó que los 4 millones de inmigrantes a quienes se les podría dar aplazamiento temporal de deportación “viven en las sombras ” y “están aquí, lo querramos o no”, añadiendo que el gobierno tenía recursos limitados disponibles para deportaciones.
Thomas Sáenz, uno abogado que representa a tres madres de familia que están en el país sin documentos, pero que tienen hijos que son ciudadanos de Estados Unidos, dijo ante la corte que sus clientes viven en “diariamente con temor de que se les separe de su familia y que sean detenidas o saquen de casa”.
El día en el que se presentó el caso ante la Suprema Corte, situación difícil de las familias se hizo evidente cuando muchas personas se reunieron frente al edificio de la corte horas antes de que empezara la sesión, y llevaban pancartas que decían: “Luchemos por las familias” y “Amen al prójimo “, mientras que un grupo musical de mariachi tocaba.
Dos meses después, cuando la corte hizo conocer su decición, un pequeño grupo de personas se puso en la escalinata de la corte y personas llevaban pancartas que decían: “La lucha continúa “, “Mantengan a las familias unidas”. Una persona que habló durante el evento dijó que los que apoyaban el plan del presidente no deberían de irse tristes a casa sino que se debían de preparar para votar durante la elección de noviembre.
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