WASHINGTON — La Corte Suprema de Estados Unidos limitó el 27 de junio la capacidad de los jueces federales para emitir órdenes judiciales a nivel nacional (medidas cautelares universales) en un caso relacionado con la orden ejecutiva de la administración Trump para poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento para los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o titulares de visados temporales. La corte no si la orden ejecutiva en sí es constitucional o no.
El alto tribunal, en una decisión de 6-3 cuya autora es la jueza Amy Coney Barrett, consideró que las medidas cautelares universales emitidas por los jueces federales para bloquear esa orden a nivel nacional, resultante de las demandas presentadas sobre ella “probablemente exceden la autoridad equitativa que el Congreso ha otorgado a los tribunales federales”.
El fallo permitirá — en parte– que se aplique una orden ejecutiva que el presidente Donald Trump firmó a las pocas horas de regresar al Despacho Oval en enero y que buscaba poner fin a la práctica de la ciudadanía por derecho de nacimiento para estos niños, pero dejó en pie la posibilidad de que los jueces la puedan constreñir en demandas sobre ella. En el caso de las demandas actuales, las medidas cautelares de alcance menos amplio podrían ser restablecidas.
Después de que Trump firmara la orden, fue rápidamente impugnada en los tribunales por algunos padres de niños cuya ciudadanía se vería afectada, que argumentaron que violaba ilegalmente la 14ª Enmienda. La administración Trump argumentó que los jueces federales bloquearon indebidamente la orden en medio de esas demandas.
La orden ejecutiva en sí se encuentra entre las políticas de inmigración de la administración Trump que han sido criticadas por los obispos de EE.UU.
