Por Patricia Zapor, Catholic News Service
WASHINGTON (CNS) — Un poco más de un día antes que una expansión había de entrar en vigor en un programa de deportación diferida conocido como DACA, un juez federal de Texas emitió un interdicto preliminar bloqueando los esfuerzos de la administración Obama.
En un memorándum de 123 páginas emitido tarde el 16 de febrero por el gobernador de Texas, Greg Abbott, el juez de distrito Andrew Hanen concedió la petición de Texas y otros 25 estados de bloquear temporalmente una expansión planificada para ciertas personas que eran inelegibles para el programa original Acción Diferida para los Llegados en la Infancia del 2012.
La expansión del DACA había de entrar en vigor el 18 de febrero, pero Jeh Johnson, secretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el 17 de febrero que la implementación sería retrasada mientras la administración apela.
Mientras tanto, las organizaciones que han estado ayudando a la gente a prepararse para solicitar bajo el programa dijeron que continuarían ese trabajo en anticipación de lo que tienen la esperanza que sea una reversión del interdicto.
Concentraciones previamente planificadas para esa misma semana en docenas de ciudades para llamar la atención a los nuevos programas se llevarían a cabo según planeado. En algunos casos estas añadieron un nuevo enfoque de protesta contra el decreto de Hanen.
Johnson y expertos jurídicos que apoyan las órdenes administrativas dijeron estar confiados en que la orden de Hanen sería revertida en la apelación y que los programas tiene base legal sólida dentro del ejercicio de la discreción acusativa del gobierno.
Una segunda variación de DACA, Acción Diferida para Padres de Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales, llamada DAPA, había de entrar en vigor durante la primavera pero también se suspenderá hasta nuevo aviso, dice la declaración de Johnson.
La orden de Hanen no abundó sobe la legalidad del programa, sino que se enfocó en un procedimiento gubernamental y si la administración tenía que seguir sus requisitos sobre cómo promulgar un “cambio de regla”. La orden del juez afecta los dos nuevos programas en toda la nación.
El programa DACA existente no es afectado, dijo Hanen. Este permite que ciertas personas que fueron traídas a Estados Unidos cuando niños soliciten un aplazamiento de la deportación.
A cambio de inscribirse con el gobierno, pasar una verificación de antecedentes, demostrar que están en la escuela o han terminado una educación de escuela secundaria y pagar un costo, los solicitantes aprobados reciben permiso de trabajo, número del Seguro Social y la oportunidad de obtener licencia de conducir.
También afectados por la orden del juez están otros aspectos de las órdenes de noviembre del presidente Barack Obama relacionados con las prioridades de la administración para aplicar las leyes de inmigración.
Agencias católicas de ayuda jurídica de todo el país, muchas que trabajan a través de parroquias y organizaciones vecinales, han estado preparándose para ayudar a los inmigrantes a solicitar bajo los programas desde que estos fueron anunciados por Obama poco después de las elecciones de noviembre.
“La desafortunada decisión en Texas … por el tribunal tiene el efecto entre los inmigrantes elegibles de confundirlos, atemorizarlos y desalentar que soliciten”, dijo Jeanne M. Atkinson, directora ejecutiva de CLINIC, la Red Católica de Inmigración Legal. CLINIC ha estado entrenando personas para asesorar a los candidatos potenciales y ayudarles a preparar las solicitudes.
“Creemos que este es un revés temporal y esperamos con ánimo la decisión del tribunal de apelaciones”, dijo Atkinson en una declaración. “Mientras tanto vamos adelante no disuadidos con los planes de implementar la orden de inmigración de la administración, la cual dará a millones de personas la oportunidad de vivir, trabajar y quedarse en Estados Unidos con sus familias”.
La hermana mercedaria Patricia McDermott, presidenta del Instituto de las Hermanas de la Misericordia de las Américas, dijo en una declaración que “sin esta orden ejecutiva 150,000 niños anualmente continuarán perdiendo uno de los padres ante la deportación”.
Ella dijo que las deportaciones no solamente les hacen daño a las personas que son removidas, sino que también “destruyen a las personas que ellas dejan atrás, muchas de las cuales son niños inocentes”.
“Conocemos estas personas como nuestros vecinos, nuestros amigos y nuestros hermanos y hermanas en Cristo”, ella dijo.
Durante una teleconferencia del 17 de febrero varios abogados que escribieron un “amicus”, o una declaración como amigos del tribunal, oponiéndose a los esfuerzos estatales para bloquear los programas, dijeron que continúan confiados de que las órdenes de la administración resistirán el reto jurídico.
“Nuestra recomendación es no entrar en pánico”, dijo Debbie Smith, asesora general asociada del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios. “Sigan preparando su documentación. Consideren esto como una pausa, un bulto en el camino, no es el final del juego. La justicia prevalecerá”.
Ella dijo que espera que la suspensión de los programas sea temporal e instó a las personas que podrían querer solicitar bajo cualquiera de los programas de aplazamiento de deportación a “mantenerse sintonizadas”. Esto es solamente el comienzo de la lucha”.
Durante otra teleconferencia, Cecilia Muñoz, directora de política nacional de la Casa Blanca, observó que el bloqueo de Hanen a los programas “no fue una decisión constitucional” y que “no sería la primera vez que tal decreto es revocado”.
Richard Trumka, presidente de la AFL-CIO, dijo en una declaración que su organización “continuará educando a los trabajadores, entrenando activistas sindicales y ayudando a los solicitantes elegibles a reunir los documentos que necesitarán para calificar”.
Él dijo que la demanda “representa un esfuerzo equívocado para usar una base económica falsa para bloquear el alivio inmigratorio que merecen millones de miembros de mucho tiempo de nuestra comunidad que trabajan arduamente”.
Steven Choi, director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, dijo que la demanda es motivada políticamente, pero que es solamente un revés temporal.
“La decisión equivocada del juez Hanen solamente retrasará temporalmente la implementación de estos programas de alivio”, él dijo en una declaración.
“No permitiremos que esta demanda, ni los ataques legislativos, motivados políticamente obstaculicen los años de arduo trabajo de los inmigrantes, los defensores, los funcionarios electos y los aliados afectados. Nuestras comunidades continuarán preparando a los más de 300,000 neoyorquinos para DACA y DAPA en el 2015”.
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