Por Catholic News Service
WASHINGTON — Uno de los primeros votos empatados de un Tribunal Supremo reducido a ocho miembros tiene que ver hasta dónde los trabajadores tienen que apoyar los sindicatos que están obligados a representarlos en los lugares de trabajo.
El caso, Friedrichs v. California Teachers Association, giraba en torno a si los empleados públicos, como los maestros, están obligados a pagarle cuotas a los sindicatos aunque escojan no ser miembros.
Los sindicatos argumentan que los trabajadores deberían pagar lo que llaman una “porción justa” o cuotas de “taller de agencia” para cubrir costos de representación. Los oponentes a los sindicatos contestan que las leyes de “derecho a trabajar” son necesarias para proteger a los trabajadores de lo que consideran como políticas sindicales potencialmente coercitivas.
“La doctrina social católica no asume una postura expresa sobre las leyes de derecho a trabajar”, escribió Clayton Sinyai, director de Catholic Employer Project, de Catholic Labor Network, en un ensayo publicado el 2 de abril en America, revista publicada por los jesuitas.
“De lo que un siglo de encíclicas sociales papales sí se expresan a favor, sin embargo, es el crecimiento y aumento de sindicatos y asociaciones laborales”, dijo Sinyai.
En el caso, Rebecca Friedrichs, quien había servido en el comité ejecutivo del comité local de su sindicato en el condado Orange, California, había buscado evitar cuotas sindicales a la asociación de maestros de California. Ella había ganado su caso en el proceso jurídico inicial, pero perdió en el Tribunal de Apelaciones del Noveno Distrito de Estados Unidos.
El empate 4 a 4 del 29 de marzo en el Tribunal Supremo ratifica la decisión del tribunal de circuito en el asunto, pero el efecto de la ley limita su amplitud al territorio del tribunal: Alaska, Arizona, California, Hawai, Idaho, Montana, Nevada, Oregon y el estado de Washington, además de Guam y las Islas Marianas del Norte.
Muchos líderes sindicales estaban preocupados según el caso se movía hacia el Tribunal Supremo, temiendo que el magistrado Antonin Scalia fuera parte de la mayoría derogando la decisión del tribunal de circuito. Pero cuando Scalia murió el 13 de febrero la especulación cambió a cómo se decidiría este caso y una legión de otros.
Los magistrados se dividieron a lo largo de líneas ideológicas: Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan y Sonia Sotomayor votaron para ratificar la decisión del tribunal, mientras que los magistrados Samuel Alito, Anthony Kennedy y Clarence Thomas votaron para derogarlo. El empate del alto tribunal se anunció en una nota de solamente una página.
Sinyai señaló que el papa León XIII, en su encíclica “Rerum Novarum” de 1891, la cual trajo la era de la enseñanza social católica, “se preocupaba que la economía moderna le permitía demasiado a menudo a los ricos y poderosos una oportunidad de explotar a la gente trabajadora.
A él le consolaba la multiplicación de ‘sindicatos de trabajadores’ que ayudaban a mejorar la condición laboral. ‘No hay pocas asociaciones de esta naturaleza’, observó el papa, ‘pero sería grandemente deseado que se tornaran más numerosas y más eficientes'”.
El retirado papa Benedicto XVI afirmó esto en el 2009 en “Caritatis in Veritate”, dijo Sinyai. “Los repetidos llamados emitidos en el contexto de la doctrina social de la iglesia, comenzando con ‘Rerum Novarum’, de la promoción de las asociaciones laborales que puedan defender sus derechos tienen por lo tanto que ser honrados hoy día más que en el pasado”, él dijo en la encíclica.
Hoy día hay 26 estados que tienen en sus actas leyes de derecho a trabajar, permitiendo que los trabajadores en esos estados no se unan a los sindicatos que los representan en sus lugares de trabajo. En los estados que no tienen leyes de derecho a trabajar, los contratos individuales entre los patronos y los sindicatos podrían tener una cláusula de derecho a trabajar, así obligando a los sindicatos a reclutar y mantener sus números de miembros.
Un decreto previo del Tribunal Supremo, Beck v. Communications Workers of America, permite que a los miembros de sindicatos se les reste de sus cuotas la cantidad de las cuotas gastadas en actividades políticas.
“Parece claro que las leyes de derecho a trabajar que están bajo consideración en Wisconsin y en varias legislaturas estatales no harán que los ‘sindicatos de trabajadores … se tornen más numerosos, ni son consistentes con el deseo de la “promoción de las asociaciones de trabajadores … aun más que en el pasado'”.
“A menos que estén preparados a ofrecer un método alternativo para lograr estos fines, es difícil ver cómo los católicos que respetan el mensaje de ‘Rerum Novarum’ y ‘Caritas in Veritate’ pueden apoyar estas iniciativas del derecho a trabajar”.
