By David Agren, OSV News
El régimen sandinista de Nicaragua ha confiscado un importante colegio católico, alegando sin pruebas que había operado un “centro de torturas” durante protestas pasadas y renombrando el centro educativo en honor a un militante fallecido.
El Colegio San José de Jinotepe, un proyecto de la Congregación de las Hermanas Josefinas, fue “transferido al Estado” el 12 de agosto, según la copresidenta Rosario Murillo.
La escuela fue rebautizada como “Héroe Bismarck Martínez”, quien, según simpatizantes del régimen sandinista, fue torturado y asesinado en Jinotepe durante las protestas de 2018, cuando los nicaragüenses salieron a las calles para exigir la salida del entonces presidente Daniel Ortega, ahora copresidente con su esposa, Murillo. Una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que 355 personas murieron durante la represión de las protestas sociales.
Los detalles de la desaparición y muerte de Martínez siguen siendo confusos, pero Ortega criticó a los obispos del país en 2019 por no condenar la muerte de Bismarck.
“En Jinotepe hubo un centro donde se torturó, se asesinó, el golpismo, durante la nefasta, la criminal ocupación de la ciudad de Jinotepe (…) y ¿dónde ocurrían esos crímenes?, en el Colegio San José, desgraciadamente”, dijo Murillo en unos comentarios difundidos a través de canales progubernamentales y repetidos en las redes sociales.
El medio de comunicación independiente Confidencial informó de que los responsables de la escuela se habían negado a ceder a la presión de los sandinistas para izar la bandera negra y roja del movimiento, en lugar de la bandera oficial azul y blanca del país, y para que los alumnos participaran en actividades “patrióticas”.
En Washington D.C., la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. denunció la expropiación de la escuela en una publicación en X, calificándola de “una prueba más de que la crueldad de la dictadura de Murillo-Ortega no conoce límites”.
La expropiación del Colegio San José de Jinotepe continuó la represión del régimen sandinista contra la Iglesia católica y sus proyectos educativos, en un país donde no se tolera ni la más mínima disidencia y los sacerdotes deben vigilar sus palabras durante la Misa. Cuatro obispos han sido exiliados de Nicaragua, junto con más de 250 sacerdotes, religiosas y seminaristas, según Martha Patricia Molina, abogada nicaragüense exiliada que documenta la persecución religiosa en el país centroamericano.
El régimen ha obligado al cierre de más de 5.000 organizaciones no gubernamentales, entre ellas delegaciones de Cáritas y universidades católicas. La Universidad Centroamericana, dirigida por los jesuitas, fue confiscada por el gobierno en 2023 tras tildar a la institución de “centro de terrorismo”.
“Es un robo de la dictadura a la misma ciudadanía”, publicó en X el padre Edwin Román, un sacerdote nicaragüense exiliado en Miami. “No se les roba solo infraestructura, sino también educación integral y valores espirituales”.
La referencia de Murillo a las protestas de 2018 puso de manifiesto la continua venganza del régimen contra la Iglesia católica. Las parroquias y las escuelas, entre ellas la Universidad Centroamericana y el Colegio San José de Jinotepe, dieron refugio a los manifestantes que eran atacados por la policía y les proporcionaron espacio para recibir tratamiento médico. La Conferencia Episcopal de Nicaragua también convocó un diálogo nacional, pero abandonó el proceso debido al desinterés del gobierno.
“Están queriendo castigar a una iglesia en que ha sido sensible, que ha sido cercana al sufrimiento del pueblo”, declaró Arturo McFields, exdiplomático nicaragüense, a OSV News. “Esta misión evangelizadora y humanitaria de la Iglesia está siendo castigada”.
