Tres años tras la decisión de Dobbs, los estados siguen tratando de manejar cambios en la política sobre el aborto

Manifestantes provida se reúnen para orar frente al Centro Quirúrgico Femenino EMW en Louisville, Kentucky, el 16 de abril de 2022. (Foto de OSV News/Jonathan Cherry, Reuters)

Kate Scanlon, OSV News

WASHINGTON — Tres años después de una decisión histórica de la Corte Suprema de EE.UU. que anuló su precedente anterior sobre el aborto, los estados continúan promulgando o considerando diferentes legislaciones en torno a la cuestión del aborto.

Desde que se emitió la decisión de la Corte Suprema en el caso Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization el 24 de junio de 2022, 12 estados del país han prohibido el aborto, mientras que otros seis lo limitan en algún momento entre las seis y las 12 semanas de gestación.

“Mientras celebramos, también nos preparamos para el trabajo que nos queda por hacer”, dijo Kelsey Pritchard, directora de asuntos públicos estatales de SBA Pro-Life America, una organización de defensa provida.

“Reconocemos cuánto trabajo queda por delante, con el número de abortos en aumento desde la decisión Dobbs, porque ahora estamos en 1,1 millones de abortos anuales”, dijo.

Según el Instituto Guttmacher, en 2024 se produjeron 1.038.100 abortos practicados por médicos en Estados Unidos, lo que supone un aumento de menos del 1% respecto a 2023.

El caso Dobbs se refería a una ley de Mississippi que prohibía el aborto después de las 15 semanas, en la que el estado desafiaba directamente los precedentes anteriores del alto tribunal en materia de aborto en Roe vs. Wade (1973) y Planned Parenthood vs. Casey (1992). En última instancia, la Corte Suprema revocó sus propias sentencias anteriores, deshaciendo casi medio siglo de su propio precedente en materia del aborto y devolviendo la habilidad de tomar decisiones sobre la política abortista a las legislaturas estatales.

“Existe un amplio papel federal en la cuestión del aborto”, dijo Pritchard, señalando la financiación federal en curso para Planned Parenthood, el mayor proveedor de abortos del país, y que “los que están en Washington deberían sentirse envalentonados por los avances provida realizados por sus legisladores en sus estados, y comprometerse igualmente a actuar con valentía”.

Mientras que muchos estados han concluido sus sesiones legislativas ordinarias del año, Pritchard señaló algunos que han promulgado leyes que su organización apoya, incluyendo lo que los defensores llaman un proyecto de ley de educación médica o “med ed” que ordena al estado aclarar las regulaciones del aborto del estado para los profesionales de la salud y el público en general.

“Se trata de proyectos de ley que, básicamente, dejan claro que si estás en un estado provida y estás embarazada, puedes seguir recibiendo atención de urgencia por embarazo ectópico, aborto espontáneo o cualquier otra emergencia médica, como hacías antes de la decisión Dobbs”, dijo Pritchard, señalando que uno de estos proyectos de ley en Texas fue aprobado por la Legislatura, pero aún no ha sido firmado por el gobernador republicano Greg Abbott.

En abril, el gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, aprobó una ley que, según sus partidarios, aclararía las excepciones médicas a la prohibición estatal, pero que, según sus detractores, restringiría aún más el aborto. En marzo, los legisladores de Kentucky anularon el veto del gobernador demócrata Andy Beshear a la Ley 90 de la Cámara de Representantes, una ley similar.

Arkansas, estado que prohíbe el aborto, también aprobó en abril una ley para prohibir el aborto en función de la raza del feto. Ese proyecto de ley se diseñó para el caso de que la prohibición general del aborto fuera bloqueada o anulada.

Por el contrario, otros estados han tomado medidas para reducir las barreras al aborto.

Por ejemplo, el gobernador Jared Polis, demócrata de Colorado, firmó en abril una ley que consagraba el acceso al aborto en la Constitución del estado y permitía el uso de fondos públicos para abortos.

Preguntada sobre su preocupación por los esfuerzos relativos a la cuestión del aborto a nivel estatal, Pritchard dijo: “Podemos esperar algunas medidas electorales abortistas más malas en 2026”.

En 2024, los votantes aprobaron la mayoría de los referendos para ampliar las protecciones legales para el aborto en Arizona, Colorado, Montana, Nevada, Missouri, y medidas relacionadas en Maryland y Nueva York. Pero Florida, Nebraska y Dakota del Sur rechazaron tales medidas, desafiando la tendencia de las elecciones de 2022 y 2023.

Una posible medida electoral para 2026 en Virginia enmendaría la Constitución de Virginia para establecer el derecho a la libertad reproductiva, que definiría como “el derecho a tomar y hacer efectivas las propias decisiones sobre todos los asuntos relacionados con el propio embarazo”. En Virginia, las enmiendas a la constitución estatal deben ser aprobadas por la Asamblea General dos veces en al menos dos años, tras lo cual el público puede votar en referéndum.

Pritchard dijo que la SBA tiene previsto trabajar contra la aprobación de la medida electoral en Virginia.

“Hay potencial, realmente, para cualquier medida electoral sobre el aborto en cualquier estado que tenga un proceso que permita a los ciudadanos aprobar enmiendas o leyes de esa manera”, dijo.

La Iglesia Católica enseña que toda vida humana es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural y, como tal, se opone al aborto directo. Tras la decisión de Dobbs, las autoridades eclesiásticas estadounidenses han reiterado la preocupación de la Iglesia tanto por la madre como por el hijo y han pedido que se refuerce el apoyo disponible para quienes viven en la pobreza u otras causas que pueden empujar a las mujeres a abortar.

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