Por OSV News
WASHINGTON — Un juez federal en Maryland detuvo una política de la administración Trump rescindiendo restricciones de larga data sobre los agentes de Inmigración y Aduanas de hacer arrestos en lo que se consideran lugares sensibles (anteriormente consideradas “áreas protegidas”), incluyendo los lugares de culto, escuelas y hospitales del grupo de comunidades religiosas que demandaron a la administración Trump.
Según se aclaró en reportajes al respecto, la orden del juez no bloquea la política de la administración Trump en todo el país, y sólo se aplica a los lugares de culto utilizados por los demandantes, que según incluyen a los cuáqueros, la Cooperative Baptist Fellowship y el Sikh Temple.
La medida temporal del juez significa que unos 1.700 lugares de culto asociados a las organizaciones demandantes en 35 estados, el Distrito de Columbia y Puerto Rico no verán operaciones de aplicación de las leyes de inmigración en sus lugares de culto.
El cambio de política, emitido por el Departamento de Seguridad Nacional, fue una de las acciones de inmigración de la administración Trump criticadas por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, aunque esa organización no se unió a múltiples demandas presentadas por comunidades religiosas.
El Instituto para la Defensa y Protección Constitucional del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown representa a los demandantes en una demanda separada que es similar a esta demanda.
