Por Carol Zimmermann
Catholic News Service
WASHINGTON — En una decisión de 5 a 4 votos, la Corte Suprema dictó que no puede mantenerse una ley de Luisiana que requiere que los doctores que practican abortos tienen privilegios de admisión en hospitales vecinos.
La opinión en el caso June Medical Services vs. Russo, escrita por el juez Stephen Breyer, dijo que el caso era “parecido, o casi idéntico” a una ley en Texas que hace cuatro años la corte dictaminó como una carga para mujeres que solicitaban abortos. A Breyer se unieron jueces Ruth Bader Ginsburg. Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
Breyer dijo que la ley de Luisiana era anticonstitucional ya que presentaba un “importante obstáculo” a mujeres que soliciten abortos sin ofrecer al mismo tiempo “beneficios de salud significativos”.
El caso de Texas, Whole Woman´s Health vs. Hellerstedt, derribó la ley con un equipo judicial distinto sin los jueces Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh. La corte dijo que los requisitos impuestos sobre los proveedores de abortos–tener privilegios de admisión de hospital–ponía “una carga sustancial” en mujeres que solicitan abortos y la ley no era necesaria para proteger la salud de la mujer.
“El fallo de la corte de reconocer la legitimidad de leyes que ponen la prioridad en la salud y seguridad de la mujer sobre los intereses empresariales continúa un precedente cruel”, dijo el arzobispo Joseph F. Naumann de Kansas City, Kansas, presidente del Comité de Actividades Pro-vida de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos.
En el caso de Luisiana, el juez principal John Roberts presentó una opinión acorde con el juicio de los cuatro jueces que votaron para derrocar esta ley, aunque hace cuatro años, se había unido a la opinión contraria en la decisión de Texas. El año pasado, estuvo del lado de los jueces que acordaron impedir que la ley de Luisiana entrara en vigor, mientras que los retractores continuaban su apelación.
“La ley de Luisiana impone una carga sobre el acceso al aborto tan severa como la que imponía la ley de Texas y por la misma razón”, dijo Roberts, añadiendo: “Por lo tanto, la ley de Luisiana no puede mantenerse bajo nuestros precedentes”.
Dijo que la doctrina legal conocida como “stare decisis”— que obliga a las cortes a seguir el precedente en casos similares — “nos exige, al no existir circunstancias especiales, tratar por igual todos los casos parecidos”
En su oposición, el juez Clarence Thomas dijo que la decisión de la corte “perpetúa una jurisprudencia mal fundamentada al imponerse a una ley estatal perfectamente legítima y hacerlo sin jurisdicción”.
También dijo que la corte debería revisar la decisión de 1973 Roe vs. Wade que legalizó el aborto. “Roe es notoriamente errada por muchas razones”, escribió, enfatizando que “su argumento central — que la Constitución protege el derecho de la mujer a abortar a su hijo no nacido — no tiene apoyo en el texto de la décimo cuarta Enmienda”.
La senadora del estado de Luisiana Katrina Jackson, demócrata, que fue la autora del Acta de 2014 de Protección de Aborto Inseguro, que está en el núcleo de este caso, dijo que la acción de la corte fue “una decisión trágica que continúa su práctica de poner los intereses de empresas de aborto con afán de lucro por delante de la salud y la seguridad de las mujeres”.
Quienes apoyan la ley de Luisiana dijeron que era una regulación necesaria para garantizar la salud y seguridad de las mujeres, mientras que sus críticos argumentaron que la ley ponía cargas innecesarias en los proveedores de abortos y hacía más difícil a las mujeres conseguir abortos.
Se presentaron más de 70 documentos “amigos de la corte” en ambos lados de este caso, con las opiniones de profesionales de la salud, investigadores, legisladores, estados, y grupos religiosos y de defensa. Los grupos católicos que presentaron apelaciones en favor de la ley estatal incluían a la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, la Sociedad Thomas More y la Asociación Nacional de Enfermeras Católicas junto con el Centro Católico Nacional de Bioética.
Algunos miembros del Congreso presentaron dos documentos desde posiciones opuestas.
En su declaración del 29 de junio, el arzobispo Naumann dijo: “Mientras lamentamos esta decisión y las mujeres embarazadas que sufrirán daños por esto, seguimos orando y luchando por la justicia para las madres y los hijos”. También enfatizó que la corte debería corregir la “grave injusticia” de sus decisiones importantes sobre el aborto y reconocer “el derecho a la vida de los seres humanos no nacidos”.
El arzobispo también urgió a “la gente de fe a orar por las mujeres que buscan abortos, a menudo bajo enormes presiones, para que encuentren alternativas que verdaderamente las valoren a ellas y a las vidas de sus hijos”.
O. Carter Snead, profesor de leyes en la Universidad de Notre Dame y director del Centro para la Ética y la Cultura, dijo que la corte “de nuevo ha sobrepasado su papel definido constitucionalmente y le ha robado al pueblo de este país su autoridad para gobernarse a sí mismos — incluso en los márgenes — sobre este asunto vital y profundamente divisorio”.
“La corte ha minado la soberanía de la ley, y ha infringido más violencia sobre la Constitución, y así ha dañado profundamente su propia legitimidad”, dijo, añadiendo: “Este es un día triste para la corte y para la nación”.
