Por Rhina Guidos
Las autoridades eclesiásticas de una diócesis del norte de Costa Rica confirmaron que dieron la bienvenida a dos religiosas, miembros de las Hermanas Dominicas de la Anunciata, después de que fueran expulsadas de la vecina Nicaragua a mediados de abril.
En un video publicado en la página de Facebook de la Diócesis de Tilarán-Liberia, el diácono Gustavo Wattson dijo que dos religiosas — las hermanas Isabel y Cecilia Blanco, ambas de nacionalidad costarricense y hermanas biológicas — salieron de Nicaragua el 12 de abril por el punto fronterizo de Peñas Blancas.
Funcionarios del gobierno nicaragüense no han dicho por qué las religiosas fueron expulsadas.
Pero en octubre de 2020, la asamblea general del país aprobó una controvertida ley de “agentes extranjeros” que obliga a las organizaciones que reciben dinero del extranjero a registrarse ante el gobierno, exponiéndolas a grandes multas, a la vigilancia del gobierno e incluso a la “cancelación” de su estatus legal en el país. El Departamento de Estado de EE.UU. ha denunciado la medida, al igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos.
Tras entrar en el norte de Costa Rica, las hermanas fueron recibidas por su hermana Violeta Blanco, su marido, Carlos Vargas, y un sacerdote local que representaba al obispo Manuel Eugenio Salazar Mora, que dirige la Diócesis de Tilarán-Liberia, dijo Wattson. Las hermanas revelaron una foto en la que se las ve de buen humor, con una de ellas en silla de ruedas.
El obispo reconoció el trabajo y sacrificio de las hermanas, que formaban parte de una comunidad que atendía a ancianos en la localidad de Rivas (Nicaragua), dijo Wattson, aunque se fueron “en circunstancias lamentables”. También pidió oraciones por una tercera religiosa de la orden a la que supuestamente se le pidió que se marchara, pero cuyo paradero se desconoce.
“Además, el obispo Salazar pide oraciones por la Iglesia en el país vecino, especialmente por el obispo Rolando Álvarez”, dijo Wattson, refiriéndose al prelado que fue detenido por las autoridades gubernamentales en agosto del año pasado. En febrero, el obispo Álvarez, que dirige la Diócesis de Matagalpa, fue condenado a más de 26 años de prisión tras ser declarado culpable de traición a la patria, menoscabo de la integridad nacional y difusión de noticias falsas, entre otros cargos.
El año pasado, el obispo Salazar acogió a otro grupo de religiosas también expulsadas por el gobierno de Ortega. Más de una docena de Hermanas de la Caridad fueron expulsadas de Nicaragua en julio, donde también gestionaban un hogar para ancianos, muchos de ellos abandonados por sus familias.
La Diócesis de Tilarán-Liberia acogió a más de una docena de las hermanas expulsadas, que al parecer planean abrir un hogar para ancianos en el norte de Costa Rica.
A finales de febrero, un grupo de hermanas trapenses anunció que abandonaba Nicaragua “voluntariamente”, alegando la falta de vocaciones para mantener la comunidad. Según la prensa nicaragüense, el gobierno se ha apoderado de sus propiedades.
