Por Gina Christian, OSV News
El fin por parte de la administración Trump de las protecciones de deportación para aquellos que han huido de Honduras y Nicaragua muestra “falta de discernimiento”, dijo un experto en política de inmigración a OSV News — mientras que un párroco de una parroquia de Filadelfia dijo que las medidas han provocado miedo y una sensación de impotencia en su comunidad.
El 7 de julio, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que pondría fin a la designación del Estatus de Protección Temporal, conocida como TPS, para las naciones de Honduras y Nicaragua, con efecto a partir del 8 de septiembre.
Se calcula que alrededor de 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses que se encuentran actualmente en Estados Unidos perderán la protección contra la deportación.
El TPS, establecido por el Congreso en virtud de la Ley de Inmigración de 1990, se concede a personas procedentes de países designados por el Departamento de Seguridad Nacional que atraviesan crisis.
Además de la protección temporal contra la deportación, el TPS suele proporcionar autorización de trabajo y puede prorrogarse a discreción del Departamento de Seguridad Nacional, al que se transfirió la administración de la inmigración estadounidense tras la aprobación en 2002 de la Ley de Seguridad Nacional.
Tanto Honduras como Nicaragua fueron designados países con TPS en enero de 1999, tras la devastación causada por el huracán Mitch unos meses antes.
La protección se prorrogó para ambos países en múltiples ocasiones a lo largo de los años, debido a los efectos del huracán, la inestabilidad política y social, y los desafíos legales en los EE.UU. contra los esfuerzos para poner fin a la designación de TPS.
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo el 7 de julio que el gobierno de Honduras ha “tomado todas las medidas necesarias para superar los impactos del huracán Mitch” y que “los ciudadanos hondureños pueden regresar a casa con seguridad”.
También el 7 de julio, un portavoz del DHS, como se le conoce al departamento porsus siglas en inglés, dijo que el impacto de la tormenta en Nicaragua “ya no” existe, y que “la situación ambiental ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro para los ciudadanos nicaragüenses regresar a casa”.
Pero dado que tanto Nicaragua como Honduras se enfrentan a continuas crisis de derechos humanos, “está claro que la administración no está mostrando ningún discernimiento en estas terminaciones: las condiciones del país son irrelevantes para ellos”, dijo J. Kevin Appleby, investigador principal de política y comunicaciones en el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York.
Honduras sigue luchando contra la pobreza, la corrupción y la violencia, y es uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de homicidios en 2023 de 31 por cada 100.000 habitantes. Entre las naciones de América Latina y el Caribe, Honduras tiene la tasa más alta de feminicidios, o asesinatos de mujeres, según datos facilitados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
El país es también “uno de los más importantes puntos de transbordo del narcotráfico entre Sudamérica y México”, y los grupos delictivos gozan de “protección oficial” por parte de las oficinas gubernamentales y las fuerzas armadas, plagadas de corrupción, señaló el grupo de reflexión InSight Crime, que se centra en el crimen organizado y la seguridad en las Américas.
Nicaragua, bajo el régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, ha sido testigo de una brutal represión contra la Iglesia Católica, en la que clérigos, religiosos y laicos han sido acosados, detenidos, encarcelados y expulsados, entre los que destaca el obispo Rolando Álvarez, de la Diócesis de Matagalpa, que primero fue condenado a prisión y después expulsado y desposeído de su ciudadanía. Ahora vive exiliado en Roma.
El régimen ha cerrado ya unas 5.600 organizaciones no gubernamentales, junto con cerca de 60 medios de comunicación, en medio de su represión más amplia de las libertades humanas, según Human Rights Watch.
En abril, el Secretario de Estado Marco Rubio anunció restricciones de visado para “más de 250 funcionarios del régimen de la dictadura nicaragüense”, elevando el total a más de 2.000 contra el gobierno de Ortega-Murillo, que según Rubio “ha privado al pueblo nicaragüense de sus libertades fundamentales y ha obligado a tantos al exilio”.
“Honduras y Nicaragua son dos de los países más peligrosos de este hemisferio, por no hablar de Haití y Venezuela”, dijo Appleby, que fue director de política migratoria y asuntos públicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos entre 1998 y 2016.
El padre Charles Ravert, párroco de la parroquia de San Ambrosio en Filadelfia, dijo que el fin de las protecciones del TPS para Honduras, Nicaragua y otras naciones por parte de la administración Trump ha hecho que “el miedo se agrave” entre su rebaño.
“Tienen miedo de regresar, y tienen miedo de que alguien los obligue a regresar”, dijo a OSV News. “Y eso les hace sentirse impotentes”.
Entre sus feligreses hispanos, “hay una sensación de miedo de que o bien son un objetivo, o bien lo son personas cercanas a ellos”, dijo, y añadió que muchos están desconcertados y angustiados ante la perspectiva de “volver a un lugar del que huyeron llenos de temor”.
Señaló que sí apoyan la expulsión de aquellos individuos que presentan auténticas amenazas criminales y de seguridad para Estados Unidos, pero que están “preocupados por las buenas personas que quedan atrapadas tras la expulsión de los malos”.
Algunos le han expresado su preocupación por “toda la idea de ser expulsado por las deportaciones masivas — simplemente el hecho de que ves poco debido proceso, o ningún debido proceso en absoluto”, dijo. “Estás aquí en un momento, estás allí al siguiente”.
Appleby advirtió que la administración Trump está “terminando el TPS para tantos países como sea posible antes de que su campaña de deportación masiva comience por completo”.
El padre Ravert dijo que sus feligreses se aferran al Señor en medio de las restricciones migratorias.
“Seguimos rezando”, dijo. “Nuestra parroquia, afortunadamente, es un refugio para que tengan un poco de tranquilidad”.
En última instancia, dijo el padre Ravert, “el Señor es quien tiene el control. No lo tiene un presidente, una política, una oficina, un departamento. Es el Señor”.
