El impacto de los recortes del DOGE en los migrantes y refugiados

Briana, una niña migrante peruana de un año, es cargada por su padre, Jordan, mientras buscan un punto de entrada a Estados Unidos, pasando una cerca de alambre de púas a lo largo de la orilla del Río Grande en El Paso, Texas, el 26 de marzo de 2024. (Foto de OSV News/Adrees Latif, Reuters)

Por el obispo Nicholas DiMarzio

Los recortes presupuestarios iniciados por la actual administración, impulsados por el nuevo y poderoso Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés), han afectado indiscriminadamente a muchos programas vitales, especialmente a aquellos que repercuten en los migrantes y refugiados.

No hay nadie que no desee que el gobierno sea eficiente, especialmente cuando se trata de tolerar el fraude y el despilfarro. Sin embargo, como ex director del programa de reasentamiento de los obispos estadounidenses entre 1985 y 1992, puedo afirmar que los recortes están poniendo en peligro la vida y el bienestar de algunos migrantes y refugiados.

Por ejemplo, la interrupción brusca del programa de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos se produjo en medio de una situación en la que muchos refugiados auténticos y acreditados esperaban entrar en el país.

Los refugiados que reúnen los requisitos para este programa deben ser investigados primero por el personal de las Naciones Unidas y luego por los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés). Estados Unidos aplica normas rigurosas y exhaustivas comprobaciones de antecedentes para garantizar que reasienta a personas que necesitan protección, en lugar de personas que suponen una amenaza para la seguridad nacional.

Muchos refugiados huyen de amenazas a su seguridad, y los que han sido aprobados para entrar en Estados Unidos se encuentran ahora languideciendo en el extranjero en circunstancias difíciles.

La reciente aprobación de 59 afrikáners sudafricanos como refugiados es muy cuestionable, ya que no cumplen la definición de refugiados, que deben demostrar una amenaza de persecución, daño físico o incluso muerte, lo que se ajusta a los requisitos para calificar como refugiado.

Trágicamente, millones de refugiados auténticos que merecen serlo no están siendo considerados para el reasentamiento en Estados Unidos, ya que la administración ha cerrado prácticamente el programa, salvo por una reciente orden judicial que permite la entrada de 10.000 refugiados aprobados si el Gobierno cumple la sentencia.

Las repercusiones internas de la suspensión de la financiación también han sido graves.

Las agencias de reasentamiento sin ánimo de lucro han perdido la financiación de los servicios ya prestados, lo que ha obligado a la Oficina de Servicios de Migración y Refugiados de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en inglés) a despedir a cientos de empleados tanto en la sede central como en las diócesis.

La USCCB tuvo que demandar al Gobierno federal por millones de dólares por los servicios ya prestados en virtud del contrato.

El vicepresidente JD Vance criticó a los obispos estadounidenses cuando dijo: “Y creo que la conferencia episcopal católica de Estados Unidos debería mirarse un poco en el espejo y reconocer que, cuando reciben más de 100 millones de dólares para ayudar a reasentar a inmigrantes ilegales, ¿les preocupan las cuestiones humanitarias? ¿O les preocupa en realidad su balance final?”.

De hecho, los obispos de Estados Unidos no utilizan fondos federales para ayudar a los indocumentados y contribuyen al programa de reasentamiento de refugiados. Esta declaración incorrecta nunca fue reconocida públicamente ni tal falsedad retirada. Como resultado, la USCCB se vio obligada a detener la labor de reasentamiento de refugiados de la Iglesia, sin planes de reanudarla.

Es de esperar que este programa vital se restablezca durante la actual o la próxima administración.

Los refugiados afectados proceden de diversos países, entre ellos Afganistán, Somalia, Irak, Sudán, Siria y Myanmar. Muchos llevan hasta cinco años esperando para venir a Estados Unidos y muchos estaban vinculados a este país de diversas maneras. Por ejemplo, en Afganistán e Irak, estas personas estaban empleadas por las fuerzas estadounidenses.

La USCCB se compromete a identificar nuevos métodos para apoyar a los refugiados y a los menores no acompañados, cuyos programas también se han visto afectados por recortes.

Además, los recortes adicionales en los programas del sistema de inmigración de Estados Unidos afectarán a la reunificación familiar, la naturalización y la mayoría de los visados para trabajadores de baja calificación. Al parecer, los visados para algunos trabajadores de alta tecnología y “la tarjeta dorada” propuesta para personas que hayan invertido 5 millones de dólares o más están exentos de estos recortes.

Sin embargo, hay algunas buenas noticias.

Se ha presentado una legislación para ayudar a los trabajadores religiosos a obtener la residencia permanente, subsanando los retrasos y ampliando la utilidad del programa. Esta interrupción se produjo porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos asignó erróneamente las tarjetas de residencia de esta categoría de visados a otros inmigrantes.

Los Estados Unidos siempre han sido líderes mundiales en el reasentamiento de refugiados gracias a un generoso programa de reasentamiento. Solo el año pasado, Estados Unidos reasentó a más de 100.000 refugiados; este año, solo se ha reasentado a unos 160 refugiados, aparte de la controversial decisión de reasentar a 59 afrikáners de Sudáfrica.

La pérdida del programa de refugiados es otro ejemplo de cómo Estados Unidos ha renunciado a su liderazgo entre las naciones en materia de ayuda humanitaria.

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