Por Kate Scanlon
WASHINGTON — La administración Biden anunció nuevas políticas de inmigración el 5 de enero, ampliando el uso del Título 42 y aumentando las vías legales para que algunas personas busquen asilo mientras permanecen en sus países de origen en lugar de migrar a la frontera sur de Estados Unidos.
El Título 42 es una regla federal de salud pública que permite a los funcionarios de inmigración en la frontera bloquear la entrada de los inmigrantes que buscan asilo. La administración Trump implementó esta regla en 2020 al comienzo de la pandemia de COVID-19, aunque la medida se consideró parte de sus intentos de reducir la migración de manera más amplia.
La política ha sido criticada por algunos expertos de salud pública, quienes argumentaron que tenía motivaciones políticas en lugar de basarse en evidencia, y por el presidente Joe Biden, quien ha estado tratando de poner fin a la política mientras enfrenta un desafío legal de los estados del sur de EE.UU. que están pidiendo a los tribunales federales para mantenerla.
La Corte Suprema ha dejado vigente el Título 42 hasta que escuche el caso, lo que podría ser tan pronto como en febrero. El anuncio de la corte del 27 de diciembre en Arizona v. Mayorkas ha sido criticado por algunos grupos católicos, incluida la Conferencia de Obispos Católicos de EE.UU., que ha argumentado que perjudica a los solicitantes de asilo y es una medida temporal inadecuada para la política de inmigración permanente.
El Título 42 se ha utilizado aproximadamente 2.5 millones de veces (incluidos varios intentos por parte de la misma persona) para expulsar a los migrantes, incluidos los que buscan asilo, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.
Según el anuncio de la administración Biden del 5 de enero, ahora se invocará el Título 42 para prohibir el ingreso a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que no hayan intentado buscar asilo en otro país, como México.
El Obispo Mark J. Seitz de El Paso, presidente del Comité de Migración de la USCCB, elogió las nuevas vías legales en un comunicado, pero dijo que es “difícil para nosotros considerar esto como un progreso, cuando estas mismas vías dependen en prevenir aquellos que se ven obligados a huir de su tierra natal, a acogerse al derecho de solicitar asilo en nuestra frontera”.
“Bajo este enfoque, muchos de los más vulnerables serán excluidos de estas protecciones y estarán sujetos a circunstancias peligrosas, contraviniendo las leyes internacionales y de EE.UU. sobre refugiados, así como la enseñanza social católica”, dijo el Obispo Seitz.
La Iglesia Católica enseña en su catecismo que mientras un país tiene derecho a regular sus fronteras en aras del bien común, los países más prósperos “están obligados, en la medida de sus posibilidades, a acoger al extranjero en busca de la seguridad y los medios de subsistencia que no puede encontrar en su país de origen” (n. 2241).
El Obispo Seitz agregó que “exigir que quienes enfrentan persecución, trata y tortura solo busquen protección dentro de esas situaciones potencialmente mortales simplemente desafía la razón y las realidades vividas”.
Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, un grupo que dice traer la perspectiva de la enseñanza social católica a la política de inmigración, dijo en un comunicado: “La expansión del Título 42 para incluir a cubanos, haitianos y nicaragüenses es una promesa incumplida”.
Corbett dijo que, en cambio, la administración debería avanzar hacia “restaurar completamente el asilo en la frontera” en lugar de “afianzar una política peligrosa, ineficaz e inhumana”.
“Los pobres y vulnerables a las puertas de nuestra nación merecen más”, dijo.
Joan Rosenhauer, directora ejecutiva del Servicio Jesuita a Refugiados/Estados Unidos dijo en un comunicado que “la expansión del Título 42 lleva esta política estadounidense precisamente hacia la dirección equivocada, bloqueando el acceso al asilo para aún más personas que necesitan protección”.
“Como ha argumentado la propia administración, el Título 42 es una política de la era COVID sin base científica y, en cambio, se ha utilizado como una herramienta para eludir nuestros sistemas legales y socavar el derecho de las personas y las familias a solicitar asilo”, dijo Rosenhauer.
La administración Biden buscó contrastar su expansión con la prohibición de la administración Trump al señalar que su política creará vías legales adicionales para el asilo, incluido el uso de un proceso de solicitud en línea y controles de seguridad, en lugar de simplemente bloquear a los inmigrantes que buscan asilo en la frontera.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en una declaración del 5 de enero que “podemos brindar ayuda humanitaria de acuerdo con nuestros valores, acabar con las organizaciones de contrabando y hacer cumplir nuestras leyes”.
“Las personas sin una base legal para permanecer en Estados Unidos estarán sujetas a una pronta expulsión”, dijo. “Las personas a las que se les brinda un camino seguro, ordenado y legal hacia los Estados Unidos tienen menos probabilidades de arriesgar sus vidas atravesando miles de millas en manos de traficantes despiadados, solo para llegar a nuestra frontera sur y enfrentar las consecuencias legales de la entrada ilegal”.
La medida provocó críticas del propio partido de Biden. Los senadores Bob Menéndez, D-N.J., Ben Ray Luján, D-N.M., Alex Padilla, D-Calif., y Cory Booker, D-N.J., dijeron en una declaración conjunta del 5 de enero que las acciones de la administración “no hará nada para restaurar el estado de derecho en la frontera”, sino que “aumentará los cruces fronterizos con el tiempo y enriquecerá aún más las redes de tráfico humano”.
Además, agregaron que el plan de la administración, si bien beneficiaría a algunos, también perjudica a “miles de migrantes vulnerable que huyen de la violencia y la persecución y que no tienen los medios económicos para calificar para el nuevo proceso”.
El Obispo Seitz dijo que él y los otros obispos católicos de EE.UU. “comparten la decepción del presidente con respecto a la falta de cooperación bipartidista en el Congreso sobre este tema”.
“También estamos totalmente de acuerdo en que, para abordar verdaderamente el movimiento irregular de personas en nuestro hemisferio, debemos abordar las causas fundamentales de la migración forzada, promoviendo el desarrollo humano integral en los países de origen para que las personas puedan prosperar allí”, dijo. “Instamos a la Administración a revertir su curso actual a favor de soluciones humanas que reconozcan la dignidad otorgada por Dios a los migrantes y brinden un acceso equitativo a la inmigración y las vías humanitarias”.
