By Arzobispo Thomas G. Wenski, OSV News
Los obispos de Estados Unidos han abogado durante mucho tiempo por reformas a nuestro deficiente sistema migratorio.
Quienes observan atentamente los desafíos que enfrenta nuestro país, no pueden evitar reconocer que se necesitan reformas serias para preservar la seguridad y la integridad de nuestras fronteras, así como para satisfacer las necesidades laborales, la estabilidad familiar y la posibilidad de migrar de quienes corren graves riesgos.
Seguimos proponiendo reformas que mejorarán nuestro sistema migratorio, respetarán la dignidad humana y promoverán el bien común.
El gobierno ha logrado controlar la frontera y está actuando con determinación para expulsar y deportar a quienes han ingresado al país y cometido delitos graves. Sin embargo, como podrían confirmar los empleadores de los sectores agrícola y de servicios de nuestra economía, la mayoría de los inmigrantes son trabajadores y honestos, y solo buscan construir un futuro de esperanza para ellos y sus familias.
La mayoría, aunque no tiene estatus legal permanente, sí cuenta con algún tipo de estatus, como el Estatus de Protección Temporal (TPS), la libertad condicional o una solicitud de asilo. Algunos (como los haitianos, cubanos, venezolanos y nicaragüenses) llegaron con visas humanitarias especiales, válidas por dos años, pero las condiciones en sus países de origen aún no han mejorado.
Otros llegaron legalmente como estudiantes o visitantes y perdieron su estatus. Los DREAMERS fueron traídos aquí por sus padres y, aunque el gobierno les ha otorgado una “salida diferida”, no tienen ninguna vía para obtener la residencia permanente legal.
Estados Unidos enfrenta escasez de mano de obra en muchos sectores, como la salud, los servicios y la agricultura. Expulsar a los trabajadores inmigrantes solo agravará esta escasez.
En lugar de gastar miles de millones para deportar a estas personas que ya contribuyen positivamente al bienestar de nuestra nación, sería más razonable –y financieramente y moralmente aceptable–, que el Congreso, en colaboración con el gobierno, ampliara las vías legales para que los migrantes no delincuentes se ajusten a un estatus legal permanente. El gobierno tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, pero el Congreso las crea y puede modificarlas.
Con la entrada en funcionamiento del nuevo centro de detención en el Aeropuerto Dade-Collier, o “Alligator Alcatraz”, parece necesario evaluar estos recientes avances en la aplicación de la ley migratoria, y reiterar la necesidad de medidas que vayan más allá de las medidas coercitivas.
Resulta alarmante observar estrategias de aplicación de la ley que tratan a todos los inmigrantes irregulares como delincuentes peligrosos. Resulta sorprendente que agentes enmascarados y fuertemente armados no se identifiquen en las actividades de aplicación de la ley. También lo es la aparente falta del debido proceso en los procedimientos de deportación de los últimos meses.
En este sentido, gran parte del discurso actual es intencionalmente provocador. Es inapropiado para los funcionarios públicos, y corrosivo para el bien común, hablar del valor disuasorio de los “caimanes y pitones” en las instalaciones de Collier-Dade.
La decencia común exige que recordemos que las personas detenidas son padres y madres, hermanos y hermanas de familiares en dificultades. Deseamos garantizar que los capellanes y los ministros pastorales puedan atender a las personas detenidas, para su propio beneficio y el del personal.
También expresamos nuestra preocupación por el aislamiento del centro de detención, que se encuentra lejos de los centros de atención médica, y la precariedad de las estructuras temporales de “carpas” en el calor de La Florida y las tormentas eléctricas del verano, sin mencionar la posibilidad de proteger de forma segura a los detenidos en caso de un huracán.
Hacemos un llamado a todas las personas de buena voluntad para que oren por nuestros funcionarios gubernamentales, por las personas bajo custodia migratoria y sus familias, por quienes trabajan en la aplicación de la ley y por la justicia para todos en esta nación, a cuya prosperidad los inmigrantes siempre han contribuido.
