Por Patricia Zapor, Catholic News Service
WASHINGTON — Mientras el vicepresidente Joe Biden estaba en conferencia con los presidentes centroamericanos acerca de una oleada de niños que están llegando sin padres a la frontera de Estados Unidos, otros funcionarios gubernamentales estaban esbozando medidas para intentar evitar que más personas intenten la travesía peligrosa e ilegal.
Para el 20 de junio, 18 días después que la administración Obama anunciara las primeras medidas para atender una “crisis” de menores no acompañados que enjambran primordialmente el Valle del Río Grande en Texas, el número de tales niños detenidos había aumentado por 5,000.
Mientras tanto, algunos portavoces de las agencias de servicios humanos y defensores de los inmigrantes han comenzado a hablar sobre el problema como una situación de refugiados, no como un asunto de inmigración.
Wendy Young, presidente de Kids in Need of Defense, dijo en una teleconferencia del 19 de junio que los factores que impulsan a familias en Guatemala, El Salvador y Honduras a enviar a los menores hacia Estados Unidos por su cuenta han hecho que la situación sea “como la de refugiados, con un capa de asuntos de protección infantil”.
El Alto Comisionado de la ONU Para Refugiados describe como refugiados a aquellos que “tienen que moverse si han de salvar sus vidas o preservar su libertad”. Bajo las leyes estadounidenses e internacionales, los refugiados tienen derecho a tipos de protección y ayuda diferentes a los de otros tipos de inmigrantes.
El gobierno Obama anunció el 20 de junio más de $250 millones en fondos nuevos y continuos para programas en los países “de envío”, incluyendo ayuda para reintegrar deportados, combatir el crimen y la violencia pandillera y proveer entrenamiento laboral y otros incentivos para quedarse en casa. Otras medidas anunciadas incluyen campañas en América Central para contrapesar la “desinformación” fomentada por los contrabandistas de humanos acerca de lo que le ocurre a los niños que son detenidos, así como mover jueces de inmigración y otro personal del Departamento de Seguridad Nacional para ayudar a procesar los casos con mayor rapidez.
Para discutir cómo enfrentar la situación, Biden se reunió el mismo día en Ciudad de Guatemala con el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, el presidente salvadoreño Salvador Sánchez Cerén, el coordinador general hondureño Jorge Ramón y el secretario de gobernación mexicano Miguel Ángel Osorio Chong.
El 2 de junio la administración dijo que 47,017 tales niños habían sido capturados desde el comienzo del año fiscal en octubre y que la Agencia Federal Para el Manejo de Emergencias manejaría la “crisis”. Alejandro Mayorkas, diputado del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el 20 de junio que 5,000 menores adicionales no acompañados por un padre habían sido detenidos; él dijo que había 39,000 adultos con niños detenidos hasta el final de mayo.
Tan recientemente como el 2011, un promedio anual entre 6,000 y 7,000 de estos menores eran detenidos. El rápido aumento ha abrumado el sistema para mantener los niños seguros mientras se hacen esfuerzos para unirlos con parientes responsables o colocarlos en hogares sustitutos apropiados. Los proceso de deportación continúan simultáneamente.
Mayorkas también discutió los esfuerzos de su agencia para hacer arreglos para lugares para alojar a las familias y a los niños no acompañados. Se supone que los menores no acompañados sean detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas no más de 72 horas antes de ser movidos al cuidado de un pariente o a un refugio o atención sustituta apropiados bajo la autoridad de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos.
Pero el sistema no ha podido manejar los vastos números de los capturados recientemente.
Los padres con niños han sido enviados a las ciudades principales, dándosele órdenes de comparecer ante el tribunal de inmigración y dejados en las estaciones de autobuses.
Miles han sido enviados a almacenes mantenidos por la Patrulla Fronteriza en Arizona y Texas. Los reporteros que se le permitió entrada a los refugios temporales de la Patrulla Fronteriza a mediados de junio salieron con historias y fotos de niños durmiendo en pisos rasos y bancas de metal dentro de grandes jaulas de alambre sin servicios sanitarios adentro, sin duchas ni áreas de lavandería y con pocas actividades apropiadas para su edad.
Organizaciones comunitarias e iglesias han estado trabajando con las agencias federales para intentar mejorar el alojamiento.
Michelle Brane, directora de derechos y justicia para la Comisión de Mujeres Refugiadas, dijo durante una teleconferencia del 19 de junio que aunque “embotellamientos” en el sistema de atención a los niños llevaron a situaciones que “todos están de acuerdo en que son malas,” ahora personas con mayor pericia en el cuidado de niños se están involucrando.
Ella describió el sistema temporal como un refugio “de emergencia siendo operado como uno imaginaría cuando hay huracán”.
Ella advirtió que el proceso debe proceder cuidadosamente. “Tienen que ser extracautelosos. Este es un grupo de niños muy vulnerables”.
Aunque el portavoz de la Cámara, John Boehner, republicano de Ohio, sugirió el 20 de junio que la Guardia Nacional debería ser movilizada hacia la frontera, Mayorkas dijo que la aplicación de seguridad fronteriza es un asunto civil que está siendo manejado por la Patrulla Fronteriza.
Brane había dicho el día anterior que muchos de los niños y las familias de la “oleada” se han entregado voluntariamente a la Patrulla Fronteriza.
“La aplicación de seguridad en la frontera nunca ha sido más fuerte”, ella dijo.
