Por Kate Scanlon, OSV News
WASHINGTON — Un juez federal bloqueó temporalmente el 23 de enero la orden ejecutiva del presidente estadounidense Donald Trump que buscaba cambiar la interpretación de la 14ª Enmienda, que otorga la ciudadanía por derecho de nacimiento en el país.
Este decreto de Trump provocó un desafío legal casi inmediato en una demanda presentada por una coalición de grupos de defensa liderados por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), así como otros desafíos de algunos estados y otros grupos de defensa. Los defensores católicos de los inmigrantes elogiaron el desafío legal a esa orden, y algunos expresaron su preocupación, en términos más generales, por las acciones que Trump ha tomado en los temas de migración.
El juez de distrito de Estados Unidos en Seattle, John C. Coughenour, designado por el presidente Ronald Reagan, calificó la orden de “descaradamente inconstitucional” en respuesta a una demanda de Washington, Arizona, Illinois y Oregón, bloqueando su entrada en vigor durante al menos 14 días.
“Francamente”, dijo a los abogados de la administración Trump durante una audiencia, según reportes publicados por The New York Times, “me cuesta entender cómo un miembro de la abogacía puede afirmar inequívocamente que esta es una orden constitucional. Simplemente me deja perplejo”.
A las pocas horas de regresar al Despacho Oval al inicio de su segundo mandato no consecutivo, Trump firmó órdenes ejecutivas para implementar algunas de sus políticas de línea dura en materia de migración, incluida una que busca poner fin a la práctica de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
La Enmienda 14 de la Constitución de EE.UU. establece que “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a la jurisdicción de los mismos, son ciudadanos de Estados Unidos y del estado en el que residen”. Trump, sin embargo, declaró ante los periodistas en el Despacho Oval el 20 de enero: “Somos el único país en el mundo que hace esto”.
Sin embargo, Estados Unidos es uno de los al menos 30 países, incluidos Canadá y México, en los que se aplica el principio de “jus soli” o “derecho de suelo”, que concede la ciudadanía sin restricciones, independientemente del estatus migratorio de los padres. La mayoría de esos países están situados en el continente americano, y los expertos en el tema remontan los orígenes de esta práctica a la época colonial.
La orden ejecutiva de Trump ordenaba a las agencias federales que dejaran de emitir pasaportes, certificados de ciudadanía y otros documentos oficiales a los niños nacidos en Estados Unidos de padres sin estatus legal o titulares de visados temporales. El decreto no se aplicaría retroactivamente, dijo Trump, y se pondría en vigor en 30 días.
La orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento fue una de las órdenes ejecutivas sobre cuestiones de migración criticadas por el obispo Mark J. Seitz de El Paso, Texas, presidente del Comité de Migración de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, quien dijo en una declaración del 22 de enero: “la interpretación propuesta de la Decimocuarta Enmienda para limitar la ciudadanía por derecho de nacimiento establece un precedente peligroso, contradiciendo la interpretación de larga data de la Corte Suprema”.
“Instamos al presidente Trump a que abandone estas políticas de aplicación de la ley y que adopte soluciones justas y misericordiosas, trabajando de buena fe con los miembros del Congreso para lograr una reforma migratoria significativa y bipartidista que promueva el bien común con un sistema de inmigración efectivo y ordenado”, dijo el obispo Seitz. “Mis hermanos obispos y yo apoyaremos esto de cualquier manera que podamos, mientras seguimos acompañando a nuestros hermanos y hermanas migrantes de acuerdo con el Evangelio de la Vida”.
