Enseñando nuestra fe – Migrantes y Política Pública

Jason Hall, executive director of the Catholic Conference of Kentucky, spoke about criminal justice reform at the Catholics @ the Capitol event Feb. 9 in Frankfort, Ky.

Jason Hall, executive director of the Catholic Conference of Kentucky, spoke about criminal justice reform at the Catholics @ the Capitol event Feb. 9 in Frankfort, Ky.

Migrantes y Política Pública

Esta serie de editoriales de enseñanza se centran en el enfoque de la Iglesia hacia los inmigrantes y refugiados, especialmente a la luz de la invitación del papa Francisco a “Comparte el Camino”

La inmigración involucra complejas cuestiones legales, diplomáticas, militares, económicas y sociales, además de que proporcionan material para una retórica a menudo simplista que puede obscurecer más que iluminar los problemas que enfrentamos. La Iglesia, al estar presente en cada país que la gente deja así como en cada país a donde inmigran, trae al debate una verdadera perspectiva humana y pastoral, así como también una rica tradición de enseñanza y pensamiento social. ¿Cuál es exactamente la perspectiva de la Iglesia sobre inmigración como un asunto político y social?

Primero, la Iglesia reconoce el derecho a migrar. Como sucede con la mayoría de los derechos, este no es ilimitado, pero tenemos la obligación de respetar los derechos de las personas de moverse del peligro y de buscar mejores formas de vivir para ellos y sus hijos.

Haciendo un balance esto es el derecho de cada país de regular sus fronteras. La Iglesia católica no aboga por “fronteras abiertas” sin límite. Las naciones soberanas tienen la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos de amenazas, incluyendo un trastorno económico.

El tercer principio es que un país debe regular sus fronteras con justicia y misericordia. Tener una política de inmigración verdaderamente justa, los países deben adoptar políticas que proporcionen la mejor oportunidad económica posible, y lo que es primordial, permitir a las familias de permanecer unidas o ser reunidas. Muy a menudo, los aspectos técnicos de la ley de inmigración mantienen a las familias aparte por años.

Subyacente a estos tres principios está el hecho de que la gente también tiene el derecho de no migrar. Ser forzado a salir de su propia casa o no tener acceso significativo a las necesidades de la vida o a un salario digno es además injusto. Los Obispos de los Estados Unidos, en solidaridad con el Santo Padre y Obispos alrededor del mundo, han buscado reiteradamente buscar la atención a la raíz de las causas de migración. La guerra e inestabilidad económica ponen a las personas en situaciones desesperadas y, como cristianos, debemos abogar por ellos.

Por años, hemos sido testigos de esfuerzos para mejorar el cumplimiento. Para realmente mejorar esta situación, necesitamos abordar cómo la ley trata a los inmigrantes en varias situaciones, no solo incrementar el cumplimiento. Primero, necesitamos un enfoque humano para los 11 millones de personas indocumentadas actualmente en los Estados Unidos. Entrar al país sin autorización es un delito menor. Y ¡dos de cada cinco individuos indocumentados ni siquiera hacen eso! Muchos entraron al país legalmente y comenzaron su vida aquí, pero por varias razones, su estatus expiró y no fue extendido o renovado.

Teniendo en consideración estas realidades, necesitamos un camino a la legalización que reconozca los errores que han sido cometidos pero que además permita a las personas de llegar al lado seguro de la ley. Si las reglas se han violado, debería de haber penalidades razonables. Los solicitantes para residencia permanente, y eventualmente ciudadanía, deben demostrar compromiso y vínculos con sus comunidades, aprender inglés tener un trabajo y pagar impuestos. La prioridad debería ser dada a las familias y a aquellos que no tienen un lugar seguro a donde ir o que han estado en los Estados Unidos por mucho tiempo. Pero, si se cumplen las expectativas, debe de haber una manera de normalizar su estado y ponerlos en el camino hacia la ciudadanía.

Cuando se habla de nuevos inmigrantes que intentarán entrar al país en el futuro, la prioridad debe ser dada a familias que buscan la reunificación y a nuevos trabajadores que satisfacen las necesidades laborales en nuestra economía o que escapan de las difíciles condiciones en casa. La necesidad para un nuevo programa del trabajador es especialmente agudo, dadas las extremas condiciones que muchos de los que están buscando trabajo encuentran.

Además de abogar por estas reformas a nivel federal, la Iglesia también está a menudo en una postura de defender al inmigrante a nivel estatal. Nuestros cuatro Obispos de Kentucky hablando juntos por medio de la Conferencia Católica de Kentucky recientemente opusieron el proyecto de ley que hubiera, entre otras cosas, instruido a la Policía Estatal de Kentucky y a otros oficiales del orden público de incluir el cumplimiento de la ley de inmigración en su curso regular de actividades. Esto puede sonar inofensivo, pero imaginen a una familia en donde un miembro recientemente tuvo la renovación de su visa rechazada o que está cuidando a un miembro anciano indocumentado de la familia. Esa familia será un blanco fácil para actividad criminal, ya que no podrán buscar a la policía cuando se necesite. Una víctima de violencia doméstica puede sentirse imposibilitada de buscar ayuda si ella o él tienen miedo de que un ser querido sea deportado. Esta pérdida de confianza entre las fuerzas locales del orden público y las comunidades que sirven debe ser evitada.

Para aprender más sobre la continua defensa de inmigración de la Iglesia católica en los Estados Unidos, vaya a www.justiceforimmigrants.org

Jason D. Hall es el Director Ejecutivo de la Conferencia Católica de Kentucky

 

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